Fin de Semana, 21-22 de septiembre de 2019 

Maryluz Mejía de Pumarejo

 

Proyecto de ley que reformaría las corporaciones autónomas regionales avanza en el Congreso.  

La gestión ambiental, administrativa y pública de las más de 30 Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) estaría a meses de cambiar ahora que el Ministerio de Ambiente, junto a los partidos Cambio Radical y Conservador, avanzan en una iniciativa para ajustar sus competencias y simplificar su gobernanza. Se trata del proyecto de ley 206 de 2018, con el que se prevé darles nuevas directrices: tanto en materia administrativa, como de contratación.

La nueva reforma, que ya fue aprobada de manera unánime por la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes, busca que no solo las CAR adopten pliegos tipos para la contratación pública, sino también que los consejos directivos hagan seguimiento a la gestión del director general.

A estos nuevos ajustes se suma que los institutos de investigación harían parte de consejos directivos y que los directores de dichas entidades serían elegidos en un proceso democrático y abierto. Esto cambiaría el tipo de selección actual, pues en este momento los funcionarios son elegidos por el consejo directivo sin un ejercicio técnico especializado.

“Llevamos nueve meses construyendo una política que garantiza la transparencia y la gestión de las Corporaciones, recogiendo lo que la sociedad nos estaba pidiendo, en un ejercicio importante de integración de muchas visiones”, afirmó hace unos días Ricardo Lozano, ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Actualmente, las Corporaciones Autónomas Regionales son entes corporativos de carácter público dotados de autonomía administrativa y financiera para proteger el patrimonio del área de jurisdicción y cuidar los recursos naturales. No obstante, dichas competencias no se han visto reflejadas en resultados eficientes. Así lo considera el exvicepresidente Germán Vargas, quien en una columna resaltó que es “indispensable también reformar las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR), dadas su altísima politización y consiguiente incapacidad para gestionar los asuntos a su cargo”.

Estos ajustes que se le prevé dar a las CAR con la nueva reforma también se suman a una propuesta de la Asociación Colombiana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental (Acodal), quien desde hace unos meses apoya la idea de una Agencia Nacional del Agua. Maryluz Mejía de Pumarejo, presidente ejecutiva del gremio, explicó que esta entidad sería “un organismo de carácter técnico, descentralizado del orden nacional, e igualmente, transversal a todos aquellos sectores que involucran en sus actividades el consumo del recurso hídrico”.

De acuerdo con Pumarejo, la creación de una Agencia Nacional se sustenta en que actualmente hay una prestación ineficiente del servicio. Por eso, la entidad garantizaría “la ejecución de proyectos que incentiven la regionalización en el manejo integral de cuencas, prestación de los servicios públicos de agua potable y saneamiento básico, la prevención y adaptación al cambio y la variabilidad climática”.

Pese a que es tan solo un plan que tiene el gremio, y el cual se lo ha expuesto en varias ocasiones al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, lo cierto es dicha propuesta encajaría con el plan del Ministerio de Ambiente de hacer más eficientes las instituciones que operan en este sector.

Es importante resaltar que según el más reciente Estudio Nacional del Agua en este momento hay 391 municipios susceptibles a desabastecimiento en el país. Estos están distribuidos en 24 departamentos, de los cuales hay una alta afectación en al menos 50% de sus municipios de La Guajira, Magdalena, Cesar, Tolima, Bolívar, Quindío, Santander, San Andrés y Providencia y Valle del Cauca. Con estos ajustes, dichos territorios reducirían sus líos de abastecimiento, pues se daría un mayor control institucional.