Lunes, 23 de septiembre de 2019 

Editorial LR

 

El agua en Colombia no tiene doliente ni responsable y las Corporaciones Autónomas Regionales son guaridas burocráticas de políticos, es necesaria una nueva hoja de ruta. 

Colombia es uno de los países más ricos en recursos hídricos. No solo por contar con extensas costas en los océanos Atlántico y Pacífico, sino porque su territorio está bañado por grandes ríos que la surcan sus valles y montañas en una suerte de riegos naturales de norte a sur y de oriente a occidente. A estos dos factores se deben sumar que su ubicación en el trópico garantiza lluvias durante tres cuartas partes del año; además es un país sin largas estaciones climáticas, pero en cambio experimenta dos grandes períodos anuales, uno seco con ausencia o escasez de lluvias, y otro lleno de aguaceros. Pero en una de esas situaciones macondianas que marcan nuestra historia, sucede que Colombia tiene muchos problemas con el agua; que una buena parte de su población carezca del llamado “preciado líquido” y que los cinturones de miseria de los pueblos y ciudades aún tenga que consumir agua de aljibes, quebradas o distribuida en camiones. Aunque en donde se ve la mayor penuria en el manejo del agua es en su institucionalidad: hay un Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico en el Minvivienda, pero el orden de sus roles ha hecho que en materia de acueductos varias capitales y cientos de municipios sigan como si vivieran en el siglo XIX. En las zonas rurales, los propietarios de terrenos por donde pasan ríos y quebradas los han privatizado o hacen uso indebido de las vertientes como si fueran propios, olvidando que el Estado conserva la regencia del líquido.

Los páramos siguen perdiendo su espacio ante el ganado introducido para producción de leche, los cultivos de papa y la construcción de estanques para la crianza de truchas, todo eso ante los ojos pasivos de otra de las autoridades de papel del agua: las corporaciones autónomas regionales. Durante muchos años casi todos los candidatos a la Presidencia de la República han prometido reformar las llamadas CAR, pero al llegar a la Casa de Nariño olvidan esa promesa de campaña y en cambio las siguen usando como moneda de cambio para mantener o conseguir respaldos en el Congreso. Y así las cuentas, no hay una autoridad real que trabaje por el agua, su conservación, su mejoramiento y su abundancia.

Hay más de 30 corporaciones regionales, mal repartidas por departamentos, como si a los ríos los rigieran los gobernadores o los políticos. Son las autoridades ambientales regionales que para su labor tienen autonomía administrativa, financiera y patrimonio propio; todo dispuesto para que velen por el ambiente, los recursos naturales renovables y velen por su desarrollo sostenible. La ley 99 de 1993 le dio origen al Ministerio del Ambiente, pero nunca se ha logrado que estas corporaciones trabajen de la mano con esta entidad superior y en cambio choquen en el llamado Sistema Nacional Ambiental. Mientras hay una Agencia Nacional de Tierras, de Desarrollo Rural, de Hidrocarburos o de Licencias Ambientales, no hay algo similar para el agua, dejando un claro vacío y una anarquía dañina para todos. Para el agua se necesitan políticas, programas y proyectos transversales de impacto nacional y regional, pero aún nadie ha tomado ese liderazgo que ponga al agua sobre la mesa de discusiones como elemento transversal a los servicios básicos, al ambiente, al turismo, a la industria; en pocas palabras el agua lo es todo para un país rico en este recurso, no obstante esa es la perdición porque hay mucha y a nadie le preocupa.